La Sentencia de 27 de junio de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), marcó un antes y un después en la exención del ICIO (Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras) del que gozan las Órdenes y Congregaciones religiosas al establecer que, en determinados supuestos, esta exención es improcedente por ir en contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (por ser considerada una ayuda de Estado).

Hasta esta sentencia (y con algunos vaivenes “históricos”), estas instituciones venían gozando de una exención por el ICIO por cualquiera de los inmuebles de su propiedad en los que, por realizar construcciones, instalaciones u obras, se devengaba dicho impuesto.

Esta sentencia, si bien establece unos principios generales, le traspasa el análisis del caso concreto al “juez nacional”, lo que ha supuesto en la práctica la aparición de dudas sobre qué supuestos será aplicable la exención y en cuales no, así como la introducción de la subjetividad que en el análisis pueda aportar cada administración/juez.

Para intentar aclarar las dudas, una Institución planteó una Consulta a la Dirección General de Tributos, cuya respuesta se produjo mediante la Consulta V3225-18 de la que queremos destacar los siguientes aspectos:

  • Reconoce que estarán exentos del ICIO aquellos inmuebles que NO se encuentren destinados a “actividades económicas”; por lo que aquellos edificios destinados exclusivamente a actividades religiosas estarán exentos del Impuesto.
  • También estarán exentos aquellos edificios que se destinen a enseñanzas “concertadas” (por cuanto, de acuerdo con la sentencia del TJUE, se considera que NO constituyen una actividad económica).
  • Sin embargo, los destinados a enseñanzas privadas (por tratarse de actividades económicas) no estarán en principio exentos del ICIO.
  • En caso de uso mixto, será el contribuyente el que deberá probar/acreditar qué parte del inmueble quedará exento y qué parte no, siendo las administraciones / jueces, los que deberán valorar las pruebas aportadas a los efectos de determinar el % de la exención.
  • En cualquier caso, para su acreditación, se exige la llevanza de una contabilidad separada que permita dicho control.
  • Finalmente, y pese a que se afectase el edificio a una actividad económica, se mantendrá la exención si el importe de la misma no supera los 200.000 durante tres ejercicios.

Dudas que han quedado sin aclarar:

  • ¿Qué significa realmente la llevanza de una “contabilidad separada”?, ¿serviría para ello una contabilidad sujeta al Plan General/sectorial de ESFL de Contabilidad y la aplicación de una contabilidad analítica que permita discernir el destino de los ingresos y los gastos?. Queremos entender que sí.
  • ¿Las actividades complementarias que se realizan en Comunidades como Cataluña paralelas a las enseñanzas concertadas, afectan a la exención del inmueble? Queremos entender que no, y que cuando se habla de enseñanzas privadas se refieren a la enseñanza preescolar no concertada, al bachillerato no concertado, a los ciclos formativos no concertados, a la postobligatoria no subvencionada,… pero no a supuestos en que en relación a una enseñanza concertada (como la primaria, secundaria,…) se ve complementada con una actividad como la sexta hora (al igual que el tribunal reconocía no afectaba la realización de actividades extraescolares o la restauración).

Para aquellos que estén interesados en profundizar en este análisis adjuntamos:

  • La redacción completa de la consulta de la DGT que ha motivado el presente artículo (hacer clic aquí).
  • Una nueva circular en la que nos extendemos en mayor medida en el análisis de la mencionada consulta (hacer clic aquí).

En cualquier caso, y como siempre, quedamos a su disposición para comentar el caso concreto con el que se puedan encontrar, así como la mejor manera de acreditar la procedencia de la exención. Asimismo, les mantendremos informados con las novedades que se vayan produciendo pues, “lamentablemente”, esto no ha hecho más que empezar “de nuevo”.

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