El Supremo admite que, a la vez, podemos pedir una suspensión y un aplazamiento… ¿Pero sabemos el importe que debemos garantizar?

El Tribunal Supremo, en contra de lo que venía exigiendo Hacienda en base a un Real Decreto de 2017, ha fallado a favor de poder compatibilizar las solicitudes de suspensión y aplazamiento de las deudas con Hacienda.

Con esta resolución, el Alto Tribunal ha estimado en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación (anulando el apartado 8 del artículo 46).

El Supremo ha entendido que la modificación que introducía ese apartado era ilegal – pues suponía un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado en la Ley General Tributaria; lo que evidenciaba la ausencia de cobertura legal al respecto que venía exigido por la propia Ley –.

En este sentido, el propio Consejo de Estado en su dictamen de 14 de diciembre de 2017 ya apuntaba que “en el caso de que la solicitud de suspensión fuese desestimada, debe contemplarse expresamente la posibilidad de que el interesado no tenga que formular una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento del pago para que esta sea resuelta por el órgano competente“, advertencia que no se vio reflejada en el reglamento, habida cuenta de que, incluso, no se consideraba (se archivaba) el aplazamiento o fraccionamiento aunque se hubiese formulado “con carácter subsidiario” en el propio escrito presentado.

Pero llegados a este punto, debemos recordar que para obtener la suspensión de una deuda es necesario “aportar una garantía”… ¿sabemos qué importe debemos garantizar?

Y es que, como nos habrán escuchado en muchas ocasiones, no estar de acuerdo con una liquidación y presentar un recurso NO suspende su ingreso (únicamente en las sanciones existe una suspensión automática) por lo que, o pagamos y recurrimos el pago, o deberemos garantizar la deuda que queremos recurrir… no pagar y no garantizar la deuda supondría que Hacienda pudiese iniciar la vía ejecutiva (exigiendo recargos adicionales) y pudiendo llegar hasta el embargo de los bienes.

Para evitarlo, en el momento de presentar el recurso será necesario aportar garantías que cubran los siguientes importes:

  • El principal reclamado por Hacienda (el importe de la liquidación).
  • El importe de los recargos en vía ejecutiva que puedan devengarse en el caso de que se confirme la liquidación y no se atienda el pago de la deuda y que equivale al 20% de la misma.
  • Los intereses de demora que puedan generarse durante el procedimiento (y que dependen del plazo de resolución de que dispone el órgano que debe resolver el recurso):
    • Para deudas de hasta 72.000 Euros el plazo a garantizar será de 7 meses. Si el importe es de hasta 150.000 Euros deberá garantizar 13 meses. Si se superan dichos importes, el importe a garantizar será de 25 meses.
    • El cálculo de los intereses será del 3% (interés legal) si las garantías aportadas consisten en un aval o un seguro de caución; o del 3,75% (interés de demora) en otro tipo de garantías.

Debido a estos costes (al que se deberá sumar el coste que se derive de la entidad financiera en el supuesto de avales… ) es por lo que, en la medida de lo posible, recomendamos realizar el pago de la liquidación y presentar el recurso solicitando su devolución… siendo que si llegado el caso se gana el recurso, será hacienda la que nos deberá devolver el importe más los intereses de demora aparejados al tiempo que ha tenido en su posesión “indebidamente” ese dinero.

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