El coronavirus y su efecto en los contratos de “Tracto sucesivo”

La pandemia del Coronavirus – y la declaración del estado de alarma con sus consecuencias-, ha provocado muchas dudas y consultas de clientes tanto por contratos que tuviesen con “sus clientes” (colegios, guarderías, gimnasios, …) como con “sus proveedores” (alquileres, empresas de limpieza, de cátering, monitores, …).

Situación excepcional que está suponiendo anomalías en el desarrollo normal de múltiples relaciones contractuales y que plantea dudas tales como si podemos suspender los contratos de limpieza, si podemos renegociar el alquiler con nuestro arrendatario, o si nuestros clientes pueden cancelar un contrato o incluso reclamarnos la devolución de una cuota abonada anticipadamente por un plazo de tiempo determinado.

Es por ello que, de la mano de nuestros compañeros de legal (que están a disposición para analizar más en profundidad aquellas situaciones que requieran un estudio más específico) hemos preparado el presente artículo en el que queremos dar las principales directrices sobre si las obligaciones contractuales se pueden “desatender” o interrumpir mediante figuras como la cláusula “rebus sic stantibus” y/o de la causa de fuerza mayor.

La cláusula rebus sic stantibus (que no tiene su origen en la normativa sino que ha sido “modulada por la jurisprudencia”) se configura como un mecanismo de equilibrio, o más bien, de reequilibrio, y pretende modular o incluso resolver las obligaciones contractuales pactadas entre las partes cuando: 

  1. las condiciones iniciales del desarrollo de la relación se hayan visto sustancialmente afectadas por causas sobrevenidas e imprevisibles que 

  2. a su vez conlleven una desproporción en las prestaciones que fueron inicialmente establecidas

Cabe decir, no obstante, que dado que la aplicación de esta cláusula supone una excepción a la regla pacta sunt servanda (principio de vinculación al contrato: art. 1258 CC), su aplicación está sujeta a una interpretación restrictiva y deberá apreciarse la inexistencia de otro remedio previsto en el ordenamiento jurídico.

La aplicación de esta cláusula no pretende operar como una liberación para el afectado; será en atención a las concretas circunstancias de cada caso, que el juez o tribunal que decida aplicarla, deberá hallar la solución idónea (que podría ir desde una suspensión o una modificación de las obligaciones hasta, si no queda más remedio, la extinción del contrato).

Es especialmente relevante tener en cuenta el objetivo de la cláusula, que no es otro que evitar situaciones de desproporcionada onerosidad.

Esta cláusula, en consecuencia, tiene su origen en la interpretación de los Tribunales (entre ellos el Supremo en sentencias como la 333/2014, 2344/2015 o una tan reciente como la 153/2020 emitida el pasado 6 de marzo de 2020) y a su vez será valorada y aplicada por los tribunales; si bien se presenta como una solución cuando menos viable frente a la crisis del coronavirus y cuando las partes no lleguen a “un acuerdo”. Pues es innegable la imprevisibilidad de la pandemia y la extraordinaria alteración que ha podido generar en las diversas relaciones contractuales pactadas en unas circunstancias previas a su aparición.

A modo de ejemplo, el acuerdo por el cual una entidad contrató a una empresa de limpieza o de catering para prestar servicio en su colegio o residencia, o la sociedad que gestiona un restaurante que se comprometió con un proveedor de alimentos a adquirir cada semana una cantidad determinada de verdura, devienen actualmente muy perjudicados, e incluso quizá sean inasumibles para dicha entidad, pues las urgentes medidas tomadas frente al virus han conllevado que se decrete el cierre de su establecimiento/actividad.

Entrando en aspectos más técnicos y en cuanto a la consideración de la pandemia y sus consecuencias como causa de fuerza mayor, el artículo 1105 del Código Civil sí que dispone lo siguiente: “ Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”.

El Tribunal Supremo, por su parte, se ha ocupado de abordar la aplicación de los supuestos de fuerza mayor o de caso fortuito estableciendo los siguientes requisitos:

  • Deben ser acontecimientos imprevisibles o que, previstos, sean inevitables o irresistibles.

  • Que no sean originados por la conducta de una de las partes.

  • Que hagan imposible el cumplimiento de la obligación.

  • Que exista nexo de causalidad entre el supuesto imprevisible o inevitable y el incumplimiento de la obligación.

  • Que se trate de contratos de “larga duración”.

Visto el concepto y sus requisitos, efectivamente parece posible asumir como válida su invocación frente a obligaciones asumidas con anterioridad al inicio de la actual crisis sanitaria que han resultado de imposible cumplimiento.

No obstante, y como nos habrán oído decir en muchas ocasiones, casi siempre es mejor un mal pacto que un buen juicio – por lo que lo mejor es intentar buscar un pacto/equilibrio entre las partes -, pero, de no llegar a un entente, quedamos a su disposición si necesitan que les asesoremos o incluso que vayamos a tribunales en aras a defender sus intereses.

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