Hace tiempo que venimos insistiendo en la importancia de implementar modelos de prevención penal en las personas jurídicas… pues debemos recordar que las entidades son penalmente responsables de los delitos que se cometan en nombre y por cuenta de las mismas… pero también en su beneficio directo o indirecto.

Y es en este “beneficio directo o indirecto” en el que cobra importancia una nueva modificación que se ha realizado del Código Penal (que entró en vigor el pasado 13 de marzo de 2019) y que es de especial trascendencia para las entidades sin ánimo de lucro por cuanto que modifica “el fraude en las subvenciones”.

Esta modificación amplía el contenido del delito de fraude en las subvenciones regulado en el artículo 308 del Código Penal (pueden ver el contenido del mismo haciendo clic aquí) y que afecta tanto a las subvenciones nacionales como a las europeas.

De la reforma de este artículo queremos destacar dos aspectos:

  • Se establecen dos tramos que determinan la responsabilidad penal: uno de 10.000 a 100.000 Euros y un segundo tramo superior a 100.000 Euros – Cabe destacar, en consecuencia, que con un fraude superior a 10.000 Euros ya se podría derivar responsabilidades penales (anteriormente el umbral eran 120.000 Euros).
  • Se modifica el criterio que determina la cantidad defraudada – A partir de ahora se considerará el total obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o varias administraciones públicas conjuntamente (anteriormente se trataba de manera separada la cantidad de cada administración).

Es por ello que insistimos en la necesidad de dotarse de planes de prevención de riesgos penales que les ayuden a prevenir, atenuar o incluso exonerar la responsabilidad penal que puede recaer en la entidad (por este, pero también por el resto de delitos penales que, desde las reformas de 2012 y 2015 les pueden ser imputables); y en este sentido Argos Consultors junto con Baker Tilly, estamos en disposición de ayudarles en su implementación.

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