DEROGADO EL DESPIDO POR ABSENTISMO

Una de las primeras promesas del ejecutivo se ha materializado al haberse derogado mediante el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, y todo ello con efectos desde el 20 de febrero de 2020. Pueden acceder aquí al contenido íntegro de la norma.

Recordemos que, tras la reforma laboral de 2012, el apdo. d) del art. 52 ET, permitía la extinción del contrato por causas objetivas, ante faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcanzasen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcanzase el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

El referido artículo añadía que:

No se computaban como faltas de asistencia, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja hubiera sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tuviera una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud.

Tampoco se computaban las ausencias que obedecieran a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

En la práctica, esta modalidad de despido por causas objetivas permitía despedir a un trabajador con una indemnización de 20 días por año trabajado, si se superaban los umbrales de faltas de asistencia antes referidos.

En su momento este artículo había sido abalado por el Tribunal Constitucional en su sentencia núm. 118/2019, de 16 de octubre, quien defendía la legalidad del mismo, al considerar que no vulneraba ni el derecho a la integridad física (art. 15 CE), ni el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), ni el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), admitiendo solo con carácter excepcional, limitado y condicionado su aplicación cuando existiera criterios razonables de adecuación y proporcionalidad.

Para el Gobierno la supresión de este artículo obedece a la necesidad de garantizar jurídicamente los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, especialmente las que padecen alguna discapacidad o sufren enfermedades crónicas o de larga duración.

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